El asunto Fernández de Cevallos es gravísimo.
Una de las aristas más espinosas del caso es el asunto de la información. ¿Qué se informa y qué no se informa? ¿Quién debe informar?
Otra arista está en quien se ocupa de un delito. ¿Pueden las autoridades hacerse a un lado porque los particulares lo solicitan? ¿Qué pasó con el seguimiento "de oficio"?
El Sr. Martí dice que los mexicanos no confían en sus autoridades y supongo que buena parte de nosotros está de acuerdo con esta aseveración.
¿El Estado lo acepta? ¿Nosotros aceptamos que el Estado lo acepte?
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