Por aquello de que el Senador Beltrones se dice víctima de espionaje por parte del Estado, en la columna titulada "Espionaje o Inteligencia" de Luis González de Alba (Milenio), el autor dice que llamar espionaje a la información recabada por el Estado es desacreditar la labor de "inteligencia" y que, formado como fué, por Gutiérrez Barrios (me niego a ponerle el don aunque sea con minúscula) sabe de sobra que toda información recabada por el gobierno es una labor de Estado. Llamarla espionaje, sigue de Alba, es desacreditar [la labor de "inteligencia"] de inicio. Por otra parte, ¿no es obvio que quien tiene cargos públicos, o simplemente escribe en un periódico, con toda certeza tiene un expediente? Y si no lo tiene, ¡qué país tan estúpido!
En otra disquisición, el autor procede a analizar las razzias o redadas practicadas por el gobierno del Distrito Federal ("en versión purificada por un Jordán supuestamente de izquierda, con careta políticamente correcta, mesiánica e iluminada") y sacadas a la luz por el asunto del New´s Divine. ¿Quién tiene autoridad en el DF para enviar a la policía a cometer esos delitos o razzias? Quien sea, tiene la carga de la responsabilidad, y no es ética, como dice la CDHDF, es penal, señala Luis González de Alba.
Poco después de leer el artículo anterior me encontré con un reportaje de Julia Preston en el New York Times "An Interpreter Speaking Up for Migrants", en que Erik Camayd-Freixas, intérprete al español, delata el proceder de las autoridades estadounidenses durante el proceso seguido a 400 trabajadores ilegales -guatemaltecos mayas- arrestados el pasado 12 de mayo después de una redada. Camayd-Freixas, contratado para traducir las sesiones, indicó que los hombres no habían entendido cabalmente los cargos que les imputaban ni los derechos a que eran acreedores. En el video que acompaña al artículo el intérprete relata que estos hombres de pequeña estatura, habían entrado al juzgado encadenados de las piernas y las muñecas y con las muñecas encadenadas a la cintura. La mayoría no sabía leer ni escribir. Muchos suplicaban que les deportaran. Tenían familia y eran su único sostén.
Lejos de deportarlos, los inmigrantes ilegales fueron sometidos a un juicio por fraude a la seguridad social. En un juicio fast track, 262 se declararon culpables de utilizar a sabiendas tarjetas de seguridad social falsas.
Las autoridades indicaron que los acusados habían contado con defensores de primer nivel y que sus derechos constitucionales no habían sido violados. Además, se habían declarado culpables por voluntad propia. Los jueces dijeron sentirse satisfechos de la culpabilidad de los acusados.
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